Opinión

El éxodo estudiantil

Escrito por Martes, 24 Julio 2018 17:31 Publicado en Opinión

Los datos entregados por el director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación, Ignacio Ibarzábal, son alarmantes y entristecen. Alrededor del 70 % los estudiantes que ingresan al nivel secundario no llegan en el tiempo estimado a terminar sus estudios, ya sea por repitencia o abandono. Son 57.000 los estudiantes del secundario los que abandonan sus estudios cada año, 167 al día. Ibarzábal comentó que “quienes cuentan con pocos recursos económicos son los que más dificultades tienen para finalizar los estudios”. En el caso de Mendoza el estudio muestra que son alrededor del 59,3 %.

En el caso de la Universidad los estudios de este tipo son escasos, ya sea por error u omisión, pero podemos suponer que no están tan alejados de la situación de los estudiantes del secundario. En este sentido es alarmante la quita en el presupuesto universitario nacional, un ajuste de este tipo se ve directamente relacionado con la disminución de ayudas que reciben los estudiantes por parte de las Universidades, para poder terminar sus estudios. Para este año el presupuesto es de 95.317 millones de pesos. Este presupuesto  aumentó  un 24,5 % con respecto al año anterior, pero aun así está muy por debajo de lo estimado por el INDEC, de lo que seríaal menos del 29,8% anualizado.

Hasta el 2019 el panorama no será mejor. En los últimos días el presidente Mauricio Macri decretó un congelamiento en las contrataciones de la administración pública en donde proponen ahorrar $ 20.000 millones. Vale aclara que esta medida se da en el contexto del acuerdo con el FMI, quien exige una disminución del déficit fiscal, vale decir que se traducirá en menos presupuesto para salud, educación, subsidios, obra pública, etc.

El decreto define que los convenios vigentes celebrados entre el Estado y las Universidades Nacionales, provinciales privadas u otras instituciones de enseñanza pública, quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2019. Lo que anticipa un despido de al menos 3.000 empleados contratados por medio de Asistencia Técnica, muchos de ellos estudiantes universitarios actualmente.

Está de más señalar que la actual situación económica argentina, que está diezmando a los sectores trabajadores, es la principal responsable de este éxodo estudiantil del sistema educativo. Muchos estudiantes de los distintos niveles han salido en búsqueda de trabajo por la necesidad de dinero en sus hogares, o simplemente a las calles por falta de trabajo y la imposibilidad de continuar con sus estudios. Mientras esto sucede, todos los días son cientos los estudiantes los que no pueden asistir a sus aulas.

Esta angustiante situación necesita ser afrontada de inmediato por los estudiantes en su conjunto, organizados en los distintos gremios de representación. Los reclamos de reformista del 18´ y sus herederos poseen en este contexto una vigencia total. En el Congreso nacional extraordinario de estudiantes de Peru, en el año 1945, estos hijos de la reforma cordobesa, sancionaron una resolución titulada “defensa económica del estudiante”1. Dicha resolución señala la necedad de:

1° Que en la Universidad reformada el estudiante debe ser un elemento dinámico, requiriendo en consecuencia las condiciones económicas que le permitan realizar este fin. 2° El estudiante que tenga la necesidad de trabajar debe contar con las facilidades que le brindan el Estado, la Universidad y demás instituciones del país. 3° El trabajo del estudiante debe estar perfectamente de acuerdo con la especialidad de su estudio. 4° El estado en sus diversas dependencias administrativas debe dar preferencia en la provisión de puestos a los estudiantes de acuerdo con su especialidad y teniendo en cuenta su horario de estudios. (…) 6° (…) debe tenderse por consiguiente a lograr el acceso a todas las clases populares a la enseñanza superior. “

En el contexto actual en donde cientos de estudiantes universitarios tienen la necesidad de trabajar,la implementación del Turno Noche de cursadotoma una importante relevancia. La aplicación del mismo le permitiría a cientos de estudiantes que hoy trabajan ya sea por la mañana y/o por la tarde, seguir cursando en el turno nocturno y de este modo no tendrían que ver trunco sus estudios por no poder asistir a las aulas.

Los estudiantes movilizados y organizados deben hacer frente al gobierno nacional para evitar que continúe este éxodo.

Referencias

http://www.unidiversidad.com.ar/desercion-escolar-156-alumnos-por-dia-dejan-de-cursar-la-secundaria

https://www.pagina12.com.ar/71937-el-detalle-de-los-recortes

https://revuniversitaria.com.ar/index.php/opinion/1824-oficial-por-decreto-macri-ajusta-el-estado-y-busca-ahorrar-mas-de-20000-millones

http://www.ambito.com/927759-la-inflacion-de-junio-se-disparo-al-37-el-nivel-mas-alto-en-dos-anos-la-nucleo-salto-al-41

1– Del Mazo, Gabriel. Estudiantes y Gobierno Universitario.Editorial: El Ateneo, 1946.Págs. 7375.

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Reproducimos a continuación el texto completo del Decreto 683/2108 que habilita a las FF.AA. a intervenir en conflictos interiores, modificando la función limitada a la defensa de la soberanía nacional ante intromisiones militares extranjeras, que la Ley de Defensa Nacional, sancionada durante el gobierno de Nestor Kirchner, les atribuía.

DEFENSA NACIONAL

Decreto 683/2018

DECTO-2018683-APN-PTE — Modificación. Decreto N° 727/2006.

Ciudad de Buenos Aires, 23/07/2018

VISTO las Leyes Nros. 23.554, 24.059, 24.948 y 25.520 y los Decretos Nros. 727 del 12 de junio de 2006 y 1691 del 22 de noviembre de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional regula una obligación esencial e indelegable del Estado, donde deben converger todos los esfuerzos necesarios para preservar los intereses vitales de la República.

Que tanto el Sistema de Defensa como su Instrumento Militar se justifican a partir de la existencia misma del Estado y no de la definición de determinado escenario temporal y sus correspondientes amenazas, y que su esencia se relaciona con el eventual ejercicio del monopolio de la fuerza para la resolución del conflicto en toda su gama, desde la crisis hasta la guerra o el conflicto armado internacional, según lo disponga el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que es responsabilidad política establecer los parámetros y criterios a tener en cuenta para la misión, organización y funcionamiento del Sistema de Defensa en general y, en particular, de las FUERZAS ARMADAS para que se constituyan en un instrumento de disuasión real, de acuerdo con la percepción de amenazas a los intereses de la Nación y sus correspondientes riesgos presentes y futuros.

Que la disuasión es una de las formas a través de las cuales actúa y se expresa la Defensa Nacional.

Que la Ley de Defensa Nacional expresa claramente en su artículo 2° que aquella “…es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”.

Que este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar.

Que como consecuencia de la evolución del entorno de Seguridad y Defensa resulta necesario establecer roles y funciones que deben asumir cada una de las instancias que la componen para que contribuyan al eficiente uso de los recursos del ESTADO NACIONAL.

Que la Ley N° 24.948 establece como principio fundamental de la restructuración de las FUERZAS ARMADAS la prioridad al accionar conjunto y a la integración operativa de las fuerzas, así como con las fuerzas de seguridad en sus funciones de apoyo y con fuerzas del ámbito regional y las de los países que integren contingentes de paz por mandato de las Naciones Unidas.

Que la necesidad de modificar la reglamentación existente de la Ley de la Defensa Nacional surge a las claras desde el mismo momento en que se observa que por un exceso reglamentario al momento de la determinación de los pormenores y detalles necesarios para la aplicación de la legislación existente, no resulta adecuado restringir las potencialidades para la Defensa Nacional.

Que, no obstante ello, esto no implica clausurar los límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamiento jurídico a la competencia de la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior.

Que, en consecuencia, se trata de determinar las competencias de cada uno de esos sectores a los efectos de asegurar la protección de la soberanía e independencia de la NACIÓN ARGENTINA, su integridad territorial, sus recursos naturales, su capacidad de autodeterminación y la protección de la vida, la libertad y los derechos humanos de sus habitantes.

Que por tanto resulta menester entender como agresión de origen externo, en los términos previstos por la Ley de Defensa Nacional, el uso de la fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

Que sin perjuicio de ello, toda actuación de las FUERZAS ARMADAS, deberá ser efectuada de conformidad a las previsiones de la Ley N° 23.554, con las limitaciones previstas en las Leyes N° 24.059 y N° 25.520.

Que, por otra parte, el artículo 31 de la Ley N° 23.554 establece que los integrantes del Sistema de Defensa Nacional identificados en el artículo 9 inciso g) de la citada Ley, desarrollarán el debido y permanente control y vigilancia de los objetivos estratégicos para la Defensa Nacional.

Que, en virtud de las diversas modificaciones normativas, la GENDARMERÍA NACIONAL y la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA no dependen orgánica y funcionalmente del MINISTERIO DE DEFENSA.

Que, en este marco, resulta necesario aclarar que la protección de aquellos objetivos estratégicos para la defensa Nacional será llevada a cabo por los integrantes del Sistema de la Defensa Nacional identificados en los incisos f) y g) del artículo 9° de la citada Ley N° 23.554.

Que, finalmente, como consecuencia de la presente reforma a la reglamentación existente de la Ley de Defensa Nacional resulta menester derogar la Directiva Sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas aprobada por el Decreto N° 1691 del 22 de noviembre de 2006.

Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la REPÚBLICA ARGENTINA; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

El cumplimiento de esta misión primaria no afecta lo dispuesto en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior.”

ARTÍCULO 2°. — Sustitúyese el artículo 3° del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

ARTÍCULO 3°.- Las Fuerzas Armadas enmarcarán su planeamiento y empleo en los siguientes tipos de operaciones: Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones dispuestas en el Marco de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (O.N.U.) u otros organismos internacionales; Operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059 y Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional. A tales efectos, ajustarán su formulación doctrinaria, planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios de conformidad a las previsiones de la Ley N° 23.554, con las limitaciones previstas en las Leyes N° 24.059 y N° 25.520”.

En el caso de las misiones establecidas en la Ley N° 24.059, el MINISTERIO DE DEFENSA considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FUERZAS ARMADAS, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las FUERZAS DE SEGURIDAD.”

ARTÍCULO 3°. — Sustitúyese el artículo 23 del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

ARTÍCULO 23.- El EJÉRCITO ARGENTINO, la ARMADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la FUERZA AÉREA ARGENTINA conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional; el cual deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una de esas Fuerzas.

La misión primaria fundamental del Instrumento Militar consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa.”

ARTÍCULO 4°. — Sustitúyese el artículo 24 del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

ARTÍCULO 24.- Las Fuerzas que conforman el Instrumento Militar tendrán por misión alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición, como así también aquellas funciones y responsabilidades asignadas por la normativa vigente, a los efectos de garantizar su eficaz empleo en el marco del planeamiento militar.”

ARTÍCULO 5°. — Incorpórase como artículo 24 bis del Decreto N° 727/06 el siguiente:

ARTÍCULO 24 bis.- El Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de los objetivos estratégicos referidos por el artículo 31 de la Ley N° 23.554, a través de los integrantes identificados en los incisos f) y g) del artículo 9° de la citada Ley.”

ARTÍCULO 6°.- Derógase el Decreto N° 1691 del 22 de noviembre de 2006.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI — Marcos Peña — Oscar Raúl Aguad

e. 24/07/2018 N° 53292/18 v. 24/07/2018

 

Fecha de publicación 24/07/2018

 

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De «Ámbito Financiero»

La formación de activos externos de residentes se disparó 117,1% hasta los u$s 16.676 millones en el primer semestre, en comparación con igual período de 2017, según se desprende del Balance Cambiario de junio difundido este lunes por el Banco Central.

Se trata del monto acumulado más alto para dicho período desde la salida de la convertibilidad. Así, desde diciembre de 2015 hasta fines del mes pasado, la fuga de capitales ya superó los u$s 50.000 millones (u$s 50.799 millones).

En medio de la corrida cambiaria, la salida de divisas alcanzó en junio pasado los u$s 3.074 millones, un cifra que triplico lo registrado en mismo mes de 2017 (u$s 1.020 millones).

Sin embargo, respecto a mayo –primer mes completo de la «tormenta cambiaria»- la formación de activos externos bajó un 33,4% frente a los u$s 4.616 millones, monto mensual récord en la serie difundida por el BCRA (inicia en febrero de 2002).

La cuenta capital y financiera del «Sector Privado No Financiero» (SPNF) registró egresos netos por u$s 5.083 millones. Este déficit estuvo explicado principalmente por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes por u$s 3.074 millones, por la salida neta de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario por u$s 1.092 millones y por las repatriaciones netas por inversiones de no residentes por u$s 637 millones, detalló la autoridad monetaria.

En todo 2017, la fuga de capitales había alcanzado los u$s 22.148 millones, una cifra que solo fue superada en 2008, cuando se registró una salida de u$s 23.098 millones. De continuar la dinámica actual, en pocos meses se alcanzará un nuevo récord en el acumulado anual de la formación de activos externos de residentes.

Link de la nota: http://www.ambito.com/928345-la-fuga-de-capitales-se-duplico-en-el-primer-semestre-alcanzo-los-us-16676-millones

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LA UNIVERSIDAD ES UN DERECHO PRESIDENTE, NO UN PRIVILEGIO

Escrito por Lunes, 23 Julio 2018 20:32 Publicado en Opinión

Compartimos las declaraciones que Gabriela Diker, Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, le dedica a Macri en respuesta a sus dichos sobre la universidad pública en la red social Instagram.

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En medio de una crisis económica que había definido el día anterior como una “tormenta” y a veinticuatro horas de la llegada de Christine Lagarde a la Argentina, el Presidente de la Nación se tomó veinte minutos para responder preguntas que sus seguidores le hacían llegar en vivo a través de la red social Instagram. 

En ese intercambio, que entre otros temas versó sobre Shakira, Britney Spears, marcas de celulares, series de Netflix, comidas favoritas, y si prefiere Tita o Rodhesia, el Presidente de la Nación se refirió a las universidades públicas. Frente a una pregunta acerca de si hay algún plan para privatizarlas, respondió: “No, la verdad que no. Lo que sí, estamos trabajando con los rectores para que las universidades también, cada vez, entren en un proceso de mejora, mejora de la calidad académica, de la preparación de los alumnos, porque justamente necesitamos profesionales de calidad y aparte los que van a la universidad pública son bancados por todos los argentinos entonces necesitamos que también pongan lo máximo de ellos porque en el fondo es un privilegio, no? Poder llegar a la universidad en forma gratuita…”.

Como Rectora de una Universidad Nacional esta declaración me resulta, por muchas razones, sorprendente.

Quizás el Presidente desconoce que no existe ninguna instancia en la que el gobierno nacional esté trabajando con los rectores y rectoras del sistema universitario público en dirección al mejoramiento de la calidad académica.

Quizás el Presidente desconoce que recortar 3000 millones de pesos del presupuesto aprobado por Ley para 2018, retrasar casi seis meses las transferencias de los fondos correspondientes a gastos de funcionamiento poniendo a algunas Universidades en el límite de poder sostener sus actividades, paralizar el desarrollo de la infraestructura universitaria destinada a aulas, talleres y laboratorios para la investigación y la enseñanza y deteriorar el salario de docentes y no docentes, no mejora la calidad académica ni la preparación de los estudiantes, sino todo lo contrario.

Quizás el Presidente desconoce que la paritaria salarial del personal no docente cerró en un 15% y que la paritaria salarial del personal docente aún no se ha cerrado y que los y las docentes de nuestras universidades sólo han recibido un 5% de incremento salarial, a pesar de que se acumula ya en lo que va del año un 16% de inflación y se espera que el año cierre con una inflación mayor al 30% (dato que supongo que el Presidente sí conoce bien).

Quizás el Presidente desconoce que como consecuencia de la paralización de las negociaciones paritarias con el sector docente decidida por su gobierno, todas las federaciones sindicales han anunciado como medida de fuerza el no inicio de las clases en el segundo semestre.

Quizás el Presidente desconoce que el Consejo Interuniversitario Nacional le ha hecho llegar a su Jefe de Gabinete, al Ministro de Educación y a la Secretaria de Políticas Universitarias, por nota primero y en una reunión luego, la preocupación de las autoridades universitarias por la situación crítica en la que se encuentran nuestras instituciones como consecuencia de las medidas tomadas por su Gobierno.

Y lo que me resulta más preocupante. Es evidente que el Presidente desconoce que la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que coorganizó el propio gobierno nacional junto con el CIN y la UNESCO, reafirmó en el mes de junio de este año en la Ciudad de Córdoba “el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados”. Y no sólo eso. La Conferencia expresó en el preámbulo de su declaración final que “estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña”.

A cien años de la Reforma Universitaria no se puede seguir sosteniendo que la Universidad es un privilegio. La Universidad, señor Presidente, es un derecho de los individuos y de la sociedad. Cuenta Ud. con nuestra disposición para generar las políticas necesarias que lo garanticen.

 

Gabriela Diker

Rectora Universidad Nacional de General Sarmiento

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Compartimos la nota que fue publicada en “Noticias en Red”

El presidente Mauricio Macri aprobó la venta de ARSAT de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos. Los próximos satélites producidos en Argentina serán manejados por una firma internacional que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país.

En una carta de intención firmada el 29 de junio a la que accedió El Destape, el Gobierno autorizó a la compañía Hughes a que se quede con “al menos” el 51% del ARSAT 3 y también la autorizó a cambiarle el nombre.

La venta es ilegal: va en contra de la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en 2015, que en su artículo 8 dicta que no se pueden ceder los derechos de este nuevo satélite y que, de hacerse cambios en el esquema que propuso el kirchnerismo, deben ser aprobados por el Congreso, según el artículo 10. Pero, sin licitación ni consulta, se le cedió la producción y explotación del nuevo ARSAT a esta compañía, que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país y se podrá llevar al exterior los dividendos que se generen, que hasta ahora eran para financiar futuros satélites.

La venta es ilegal: va en contra de la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en 2015

La fusión fue aprobada hace días en secreto por el director de ARSAT y yerno del ministro Oscar Aguad, Rodrigo De Loredo, y los representantes de Hughes, quienes acordaron que a partir de ahora se cree una nueva empresa, llamada Newco.

Mientras que para la producción de los anteriores ARSAT se usó al menos un 30% de elaboración argentina, para el nuevo satélite se comprará tecnología a Estados Unidos, donde también se arbitrará en caso de litigio, como en el caso de los fondos buitre. La firma beneficiada por la compra de herramental, según dicta la carta de intención firmada hace dos semanas, es la norteamericana Thales Alenia Space.

 

Link de la nota: https://notienred.press/2017/07/16/macri-aprobo-su-primera-privatizacion-arsat-paso-ilegalmente-a-manos-norteamericanas/

 

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Cinco claves para reconocer falsas rebeliones populares

Escrito por Sábado, 21 Julio 2018 21:27 Publicado en Opinión

Compartimos a nuestros lectores una nota que ayuda en la comprensión sobre uno de los modus operandi que utilizan las clases dominantes para desestabilizar a los gobiernos populares. Las supuestas insurrecciones populares, tienen un denominador común, emanan desde la Casa Blanca de Washington y sus servicios de inteligencia.

Por Claudio Fabian Guevara 

Con el auge del concepto de “guerra híbrida” entre las naciones, la historia reciente del mundo muestra varios ejemplos de noticias presentadas como “rebeliones populares”, “revoluciones de colores” y otras formas de guerra no convencional.

Una revisión de las guerras de Siria y Libia demuestra que, lo que la prensa occidental presentó inicialmente como “protestas reprimidas por el Gobierno”, fueron en realidad complejas operaciones de desestabilización con injerencia externa y participación de tropas irregulares, dirigidas a confundir a la población y enfrentar a distintos sectores de la población en una guerra civil.

La “guerra híbrida” utiliza “ejércitos difusos” dispersos entre la población, que incluye ciudadanos reclutados y especialmente adiestrados, actuando junto a mercenarios extranjeros, con uso de armas largas y tecnologías bélicas avanzadas.

En la era de las fake news y la sobrecarga de la información, ¿Cómo reconocer una falsa rebelión popular en el discurso noticioso? En esta nota, algunas claves.

Una falsa rebelión popular siembra el terror y la devastación, y destruye activos nacionales

El pueblo movilizado no atenta contra los recursos de su país, ni se ensaña con sus vecinos, ni apela a la tortura y el asesinato.

Una falsa rebelión popular asesina policías y ciudadanos por igual, secuestra poblaciones, incendia edificios gubernamentales y emisoras de radio, destruye caminos y fuentes de energía. Intenta sembrar el terror y paralizar la actividad económica.

Una falsa rebelión popular es promocionada en la prensa como “un reclamo ciudadano por la libertad”.

Cualquier protesta popular, en general, es ignorada, relativizada o estigmatizada sobre la base de falsas premisas.

En una falsa rebelión popular, los comunicadores se entusiasman con su accionar, elogian o justifican a sus líderes y culpan automáticamente al gobierno por el saldo de heridos y víctimas. Y si el Gobierno responde endureciendo las medidas para combatir la violencia, se lo acusa de «totalitario».

Una falsa rebelión popular habla un lenguaje de odio, acusa sin pruebas y carece de programa político.

Una auténtica movilización popular tiene un programa de demandas, utiliza petitorios y apelaciones a la ley, y pone el acento en los procesos colectivos.

Una falsa rebelión popular repite eslóganes vacíos (“abajo la dictadura”, “libertad de expresión”), convoca acciones militares externas y promueve el odio contra ciertas personas, grupos étnicos o funcionarios de gobierno. También, sin pruebas, acusa de crímenes horribles a sus rivales políticos.

Una falsa rebelión popular usa armas largas, explosivos y pertrechos militares.

Una protesta popular carece de armamento militar. En los casos en que los ciudadanos empuñan palos o antorchas, son presentado por los medios como peligrosos e irracionales.

Una falsa rebelión popular muestra sujetos encapuchados empuñando armas largas, convoyes de vehículos de alta gama y tecnologías de comunicación que no llaman la atención de los periodistas.

Una falsa rebelión popular es acompañada por sanciones diplomáticas y económicas de las metrópolis imperiales.

Toda protesta popular, por definición, es ignorada por los poderes globales por su alcance local, por indiferencia o por respeto a los “asuntos internos de cada país”.

Una falsa rebelión popular, en cambio, moviliza todos los recursos de la diplomacia internacional: se imponen sanciones económicas, se bloquean cuentas en el exterior o se aísla al “régimen represor” por todos los medios posibles.

Cuando se produce una sinergia de elementos, es la evidencia más palmaria de que detrás de las protestas, por legítimas que puedan ser en algunos aspectos, hay intereses foráneos que las potencian. 

 

 

Fuente:

https://www.telesurtv.net/opinion/como-reconocer-falsas-rebeliones-populares-201807200027.html

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Podría parecernos extraño que al primer animal en llegar a la Exposición de la Sociedad Rural Argentina (SRA) se le adjudicara el nombre de un jugador de fútbol francés, más si tenemos en cuenta que fue uno de los responsables de que hayamos sido eliminados del mundial de Rusia 2018.

Teniendo en consideración la historia de la SRA, desde su fundación a la fecha, no debería sorprendernos. Primero porque fue fundada por los grandes terratenientes de la famosa “Pampa Húmeda”, a quienes se los conocía por sus largas estadías por las principales naciones europeas (Francia, por ejemplo) y su gran fanatismo por la cultura extranjera. Mientras, mostraban cierto desprecio por el puñado de peones que les cuidaba el negocio por estas latitudes.

El párrafo anterior bastaría para explicar por qué eligen algunos “argentinos” como nombre de un animal que es representativo de la estructura productiva del país, el de un jugador extranjero. El resultado del análisis se torna más absurdo aún si se tiene en cuenta que su mejor versión en este mundial se vio el pasado 30 de junio, justamente contra nuestra selección. Sólo podemos sacar una conclusión de todo esto: EL GORILISMO Y EL CIPAYISMO DE LA SRA SIGUE INQUEBRANTABLE.

Para darle otra vuelta de tuerca al asunto, quiero recurrir a alguien que entiende mucho más de este juego que el que escribe, y además se caracteriza por ser muy argentino. Pablo Aimar planteó en una entrevista hace pocos días que pertenece a la “última generación que ve partidos completos”, teniendo en cuenta que en la actualidad la gran mayoría de los seguidores del fútbol está acostumbrada a otro tipo de estímulos, como por ejemplo podrían ser los resúmenes de dichos partidos o todos los goles de todas las competencias más importantes alrededor del globo sintetizados en un video de minutos.

Y Mbappe es justamente eso, un jugador especial para ser visto en resúmenes (le pediré al lector que no malinterprete esta sentencia). A pesar de ello, lo cierto es que es un chico de 19 años que es capaz de correr como un profesional del atletismo, pero con la pelota en los pies. Para este deporte sí que es un animal del porte de su homónimo bovino.

Si la idea era ponerle a un toro el nombre de un futbolista hubieran tratado, en primer lugar, que no sea el del que nos sacó de la Copa del Mundo. Y finalmente, es necesario agregar que si hay algo que no falta en la Argentina son referentes del mundo futbolístico. En este contexto no sería menester pedirle prestado uno a Francia.

Es más, me atrevo a dejar una lista con algunos que podrían haberse tenido en cuenta: Batistuta, Caniggia, Maradona, Crespo, Agüero, Messi, Riquelme, Aimar, Ortega, Palermo… hasta aceptaría con gusto un Godín o un Luis Suárez. Por lo menos tienen más que ver con lo nuestro.

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Julio suele ser el mes más frío del año para los argentinos. Durante este mes, a la preocupante situación económica que tenemos que soportar día a día, ahora se le agrega el pago de una nueva suba en el gas. Pero, ¿por qué sigue subiendo este servicio?, ¿a quienes han beneficiado las medidas tomadas por el gobierno hasta ahora?

Desde el 10 de Diciembre de 2015, el gobierno de Mauricio Macri ha llevado a cabo una política de ajuste y transferencia de renta «desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera». Es decir, desde los sectores más humildes hacia los sectores más acomodados, perjudicando el interés nacional en beneficio de intereses extranjeros y de sus aliados locales. En materia de servicios públicos, esto se vio reflejado en el ya conocido «tarifazo» en donde, con el discurso de que «los valores de los servicios en la Argentina estaban desactualizados», se procedió a la quita de subsidios y a la dolarización de las tarifas. Esto último, dado que los salarios aumentan (poco) en pesos y sumado a una devaluación de un casi 200% determinó una enorme pérdida del poder adquisitivo de la gran mayoría de los argentinos.

Particularmente en el caso del gas, el ahora ex-ministro, Juan José Aranguren firmó una suba del 32% el pasado mes de Marzo y avaló que fuesen las 9 petroleras y distribuidoras más importantes del país quienes (entre ellas) fijasen el precio de venta del combustible. Tras su asunción, Javier Iguacel (nuevo ministro de Energía) no mostró ningún cambio de rumbo con respecto a su antecesor. Por el contrario, manifestó la necesidad de «continuar con la corrección y desregular el mercado para que los productores de gas compitan libremente para bajar el precio de la energía de acá a 5 años». A tales efectos, llamó a las petroleras y distribuidoras a negociar, sin la intervención del Estado, el precio del ya mencionado servicio. Bajo esta perspectiva, los consumidores debemos seguir soportando aumentos (se prevén cuatro más hasta finales de 2019) y esperar pacientemente cinco años a que los precios bajen por la acción de la «libre competencia». Argumento que suena menos creíble que el del «segundo semestre» o la «lluvia de inversiones».

En definitiva, mientras los argentinos y las argentinas hemos tenido que soportar un aumento de hasta un 1300% en las tarifas de gas, el gobierno sigue buscando proteger la ganancia de las empresas que lucran con los servicios públicos. Las consecuencias de estas medidas están a la vista: cierre de comercios y fábricas que ya no pueden afrontar los gastos de las nuevas tarifas, pérdida de empleos, aumento de la pobreza y facturas que llegan, en muchos casos, a superar la totalidad del salario de quienes tienen que pagarlas. La respuesta de Macri y de sus ministros es pedir, con un cinismo absoluto, austeridad y cuidado en el consumo a quienes menos tienen mientras, con el dinero que antes se destinaba a subsidios, se financia la fuga de capitales al exterior.

Que la política energética del país está en manos de empresas privadas que buscan el lucro, no cabe la menor duda; que el efecto beneficioso de la competencia bajo el «libre mercado» es una farsa, tampoco. Cada vez se ve más claramente que, para el macrismo, los servicios públicos son un bien de consumo y no un derecho. Y, por lo tanto, quienes no puedan pagar no deben consumir. Sin embargo, los servicios públicos son elementales para el desarrollo de una vida digna y, por ende, son derechos humanos. La defensa de este derecho debe desarrollarse mediante la herramienta más importante que tenemos los pueblos: la actividad política.

Fuentes:

[1]http://www.oetec.org/nota.php?id=3342&area=1 consultado el 19 de Julio de 2018.

[1]  Cita textual de entrevista a Javier Iguacel: https://www.infobae.com/politica/2018/07/01/javier-iguacel-sobre-los-aumentos-en-las-tarifas-de-luz-y-gas-debemos-seguir-con-una-correccion/ Consultada el 19 de Julio de 2018

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Una vez más los trabajadores de la Educación sufren el ajuste de Cambiemos. En el día de ayer el gobernador radical Cornejo anunció la aplicación de la clausula gatillo para los docentes de la provincia, medida que también alcanzara a celadores, policías y personal penitenciario, sin olvidar que estos últimos dos no gozan de paritarias y el aumento docente a cerrado siempre por debajo de la inflación.

Superado el nivel inflacionario esperado para la fecha, del 15,7%, según lo publicado por el INDEC para la región Cuyo se decidió la medida. Usted dirá entonces que esto es una buena noticia pero no nos ilusionemos ya que el mismo solo será de un 0,3%. Parece un chiste de parte del gobernador pensar que las necesidades de los trabajadores mendocinos se verán satisfechas con este aumento, en un contexto en el que el ajuste sobre los laburantes es abrupto ya que pretenden, en consonancia con el gobierno nacional, cumplir con las recomendaciones propuestas por el FMI.

¿Qué dice Cornejo?: “Vamos a cumplir a rajatabla lo que hemos firmado tal cual como comprometimos en un proceso de negociación abierta, democrática y de paritarias en el sector público”

Me pregunto si el concepto de democracia para el gobernador es la aplicación por decreto del aumento a los docentes. Si será acaso una broma de mal gusto suponer que un 0,3% alcance para llegar a fin de mes. Veamos algunos números para aclarar el panorama: durante este año el gas aumento un 40%, la luz un 30%, agua 42%, transporte 25% y el combustible un 25% al parecer, ¿Los números no cierran verdad? No se condice el aumento mísero propuesto por el gobernador con los altos costos de las tarifas y el transporte

Nosotros por decisión unívoca de este Gobierno vamos a incorporarlos a esa cláusula. Recuerdo que lo ofrecimos en el proceso de negociación y no fue aceptado. Pensamos en nuestros docentes, a quienes queremos cuidar y que no tengan una pérdida de poder adquisitivo. Vamos a ponerles la misma cláusula gatillo”

Parece que para Cornejo querer vivir dignamente es solo un capricho. Todo parece indicar que efectivamente es una broma, pero no. Las decisiones acertadas (según el gobierno provincial y nacional) de la gestión Cambiemos solo generan hambre, miseria y angustia en las grandes mayorías.

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Que las mujeres cobran un salario menor a los hombres por realizar un mismo trabajo es una irrefutable y lamentable verdad, sin embargo las desigualdades no terminan allí. A lo largo de la nota señalaremos una serie de injusticias que se desarrollan en el ámbito laboral y que muchas veces suelen estar naturalizadas.

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Hace algunos días, explicábamos en una nota publicada en esta revista (“Revolución de la alegría” para el sector energético. Tarifazo para el pueblo argentino), cuál es el exorbitante beneficio que ha alcanzado el concentrado sector energético en nuestro país, a razón de las medidas del gobierno de Mauricio Macri. Y en consecuencia, cómo, fruto de estas medidas, los argentinos y argentinas han visto el deterioro de su poder adquisitivo por pagarle la fiesta a las empresas que generan, transportan y distribuyen la energía. (1)

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En la jerga criolla, «eficiencia», «eficacia», «racionalizar» son sinónimo de ajuste. Esta descripción podría bastar para explicar la esencia del decreto 632/18 firmado por Macri, su jefe de gabinete Peña y sus ministros: Dujovne e Ibarra (Modernización). Este decreto es la materialización de las condiciones que le ha puesto el FMI a Cambiemos para seguirle prestando plata y mantener la olla de presión que simboliza la Argentina, todavía tapada.

$25 mil millones de pesos es lo que se pretende reducir de gasto público con esta poco difundida medida. Se hace alusión constantemente a la necesidad de cumplir con el «principio de economía», el cual se lograría si el funcionamiento de la Administración Pública propendiese a la utilización racional de los recursos públicos, para lo cual se «requiere instrumentar diversas acciones que permitan brindar respuestas eficientes con la asignación de los recursos disponibles.»

Después de adornar con esa serie de palabras que no dicen nada y a la vez dejan entrever todo, el decreto menciona específicamente cuales serán las áreas del Estado que sufrirán una disminución ya sea del presupuesto real hasta el momento designado o de las facultades que les correspondían.

Analizaremos a continuación las más perjudiciales para los trabajadores y para el pueblo argentino en general:

–En su artículo 1° queda sentado que las Jurisdicciones y Entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL, tanto de la Administración Nacional o de los entes públicos que ésta no incluye, «no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019

Mientras que para un argentino o una argentina mantener su puesto de trabajo se ha vuelto el reto más complicado, el gobierno inconforme se asegura que desde el Estado no se contratará ni un solo trabajador más hasta fines del 2019

Los que conserven la perla más preciada por estas tierras, llamada trabajo, también serán perjudicados. Veamos el artículo 5: Las mismas Jurisdicciones y Entidades del artículo precedente «no podrán instrumentar nuevos beneficios tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o en especie, hasta el 31 de diciembre de 2019.» Aquí no es necesario aclarar nada; el salario ya es indigno, Macri garantizará que no haya nada que lo complemente.  

No es novedad que los medios de comunicación de esto no digan nada. El ajuste empieza a llevarse a cabo en medidas concretas. Siempre las víctimas son las mismas, los trabajadores y aquellos que necesitan acceder a una fuente de ingresos para subsistir o mantener a su familia dignamente. Lo único que no podemos afirmar es que este decreto se aplique hasta la fecha estipulada, finales de 2019, ¿seguirá el FMI a través de Macri gobernándonos para ese entonces?

 Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/187783/20180710

 

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