¿Que implica la Ley de Normalización de la Deuda Pública y de Acceso al Crédito Público?

El Senado de la Nación ha convertido en ley el proyecto que contempla el pago de 12 mil millones y medio de dólares a los fondos usureros extranjeros. El primer triunfo parlamentario de la coalición PROUCR, seguramente será recordado como el inicio de nuevo un proceso de sobreendeudamiento, hecho que en todos los casos ha venido acompañado de pobreza, hambre  y pérdida nuestra soberanía económica nacional.

 

Los puntos principales de la ley son los siguientes: 

Derogación. La norma deja sin efecto dos leyes del kirchnerismo que impedían al Gobierno pagarles a los fondos buitre: las leyes “Cerrojo” y “Pago Soberano”. 

¿Qué decían éstas leyes? 

La ley Cerrojo le prohibía al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje de bonos de deuda. En las operaciones realizadas durante los gobiernos kirchneristas se les realizó una quita de alrededor del 75% del valor nominal de la deuda a los tenedores de bonos que decidieron entrar en la reestructuración. Producto de esta ley, los fondos buitres que se negaron a ingresar en el canje no podrían recibir una oferta mejor a la ya establecida. Esto se debía a la posible activación de la clausula pari passu y la RUFO anteriormente (vencida en diciembre del 2014) que hubiesen llevado a que como consecuencia de una mejor oferta por parte del gobierno argentino a los buitres, los bonistas ya reestructurados podían exigir el mismo trato y deshacer el acuerdo anterior.

Por su parte la ley de Pago Soberano permitía que se realice en Buenos Aires u en cualquier otra ciudad (lejos de la influencia de la justicia estadounidense) el pago de la deuda a bonistas reestructurados que se encontraban imposibilitados de cobrar debido a que el Juez ususero, Thomas Griesa, estaba bloqueando la fuentes de pago y maniobrando a favor de los buitres. Es decir, permitía que la Argentina siguiera pagando sus deudas de forma soberana y autónoma.

Ambas leyes constituían  las principales barreras legislativas que le impedían a Mauricio Macri acordar con los fondos carroñeros y tomar una nueva política de endeudamiento externo indiscrimanado, en detrimento de los que menos tienen. Queda a la vista que los intereses de este Gobierno están ligados a la transferencia de la renta nacional de los sectores más postergados a los más concentrados y de estos, al exterior.

Levantamiento de cautelares. Se pone como condición indispensable que la Justicia de los Estados Unidos deje sin efecto las medidas cautelares que le impiden a la Argentina pagarles a los bonistas. Si no se descongelan las cuentas del Banco Central en el exterior, no se puede hacer efectivo el pago a los buitres.

Suplicarle al juez Griesa, el buitre mayor, que levante la medida cautelar contra nuestro país es una urgencia indisimulable que tienen  Macri y sus ministros para poder concretar el pago a los buitres y entreverarse con las bancas internacionales y los organismos multilaterales de crédito.

Comisión Bicameral. Se crea una comisión de senadores y diputados que seguirá todas las gestiones que haga el Ejecutivo de la deuda en default y de las nuevas acreencias. 

En el 2014, a partir de la ley de pago soberano, se creó una Comisión Bicameral que se dedicaba a investigar el origen de la deuda externa durante la última dictadura cívico militar; su carácter ilegal e ilegítima por ser tomada por un gobierno de facto que hizo cargo a todo el conjunto de la sociedad de la deuda privada de grandes grupos económicos, a lo que se conoció como la “estatización de la deuda”. Dentro de estos grupos económicos se destacó SOCMA y SEVEL, propiedad de Franco Macri, padre del actual presidente. Esta comisión también investigaba las renegociaciones que se produjeron en el período democrático, como los canjes, el Blindaje, Megacanje y el proceso de reestructaración llevado adelante a partir del 2005.

A diferencia de aquella comisión, la nueva tendrá como objetivo realizar un mero análisis de las futuras negociaciones que se lleven a cabo con los usureros de las finanzas. Esperemos que con las ansias de Macri de conseguir deuda de forma rápida, no se pase por alto las altas tasas de intereses o las abultas sumas de la comsiones.

Ratificación. Se refrendan los acuerdos que firmó Alfonso Prat Gay con los distintos fondos buitres. El ministro de Hacienda y Finanzas llevó adelante una decepcionante negociación con los buitres en dónde solamente se les quitará un 25% y se les pagará al contado. En definitiva, estos roñosos usureros, seguirían percibiendo exorbitantes  ganancias de al menos un 1200%.

Dos ofertas. A quienes no litigaron contra la Argentina , y por ende no tienen sentencia monetaria , como los denominados “ bonistas italianos” se les pagará el 100% del capital adeudado más un 50% en concepto de intereses. A quienes tienen sentencia, como los buitres, se les pagará el 70% del total demandado, entre capital e intereses.

Emisión. Se autoriza al Gobierno  a colocar nuevos bonos por hasta 12.500 millones de dólares. Es a efecto de hacerse de dólares y pagar al contado a los fondos buitres. Si hay un excedente, se debe imputar al actual Presupuesto. 

Prórroga de jurisdicción.Lejos estamos de ejercer soberanamente el manejo de la deuda pública , una vez más Argentina se subordina al Estado norteamericano y cede la jurisdicción de sus bonos, que seguirán bajo la órbita de la justicia de los Estados Unidos. Sigue primando  la jurisdicción de un Estado extranjero por sobre el Estado  “soberano” argentino.

 

Modificado por última vez en Lunes, 11 Abril 2016 00:48
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