SOBRE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. UN ANÁLISIS INTEGRAL FRENTE A SU PRÓXIMO TRATAMIENTO LEGISLATIVO

El debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo constituye una importante discusión, en primer término de salud pública, pero que también abarca problemáticas sociales, culturales y económicas que rodean el aborto clandestino en nuestro país. Por ello, lamentamos que el proyecto sobre el tema presentado en el Congreso de la Nación el año pasado no haya logrado su definitiva sanción. Consecuentemente, esperamos que si se vuelve a tratar por el poder legislativo nacional en marzo del 2019 pueda convertirse en ley.

 

Es de público conocimiento que en nuestro país mueren mujeres a causa del aborto clandestino y que esa clandestinidad impide el avance en la protección integral de la mujer, en tanto y en cuanto obliga a cientos de mujeres a recurrir a una práctica en condiciones inseguras que pone en riesgo su salud y su vida. El agravante está en que son, particularmente, las mujeres de bajos recursos las que corren los peligros señalados. Se le agrega al problema de salud pública planteado, también una cuestión social.

Tratar el tema con la responsabilidad que merece implica realizar algunas apreciaciones: la legislación en discusión debe atender un tema de salud pública en el que el papel del Estado es imprescindible. En función de que la ley cumpla con su objetivo, el Estado debe poner a disposición todos los recursos necesarios para garantizar la real ejecución de la misma. En consecuencia, hay que exigir su plena aplicación mediante la asignación específica de presupuesto. Lo correspondiente sería que esta partida se asignara a través del Ministerio de Salud de la Nación. Esto se ve imposibilitado bajo el gobierno de Mauricio Macri ya que suprimió dicho Ministerio como parte de la política de recorte presupuestario impuesta por el FMI para lograr el tan ansiado “déficit cero”. Se debe bregar también para que el gobierno que conduce el Estado Nacional ponga a las Universidades Nacionales en consonancia con la legislación en cuestión y que a través de éstas, se formen profesionales de la salud que estén en condiciones de brindar asistencia física y psicológica a las mujeres que requieran de dicha práctica. (1)

Por otro lado, es necesario comprender que la sanción de la ley resuelve un problema, pero no combate sus causas. Decíamos que los riesgos de la clandestinidad afectan, en especial, a las mujeres de los sectores más humildes. Si hay en la Argentina mujeres que no pueden acceder a los bienes y servicios básicos; que carecen de trabajo; que cobran mucho menos en proporción a lo que cobra un hombre por desempeñar una misma tarea; etc. será estratégico e indispensable plantearnos y reconocer que la cuestión de género no puede plantearse en abstracto; está atravesada por conflictos de clase y determinada por nuestra condición de subordinación frente a los países dominantes.   (2)

Con esta valoración, descontextualizar esta problemática sería un grosero error. Actualmente, la Argentina se encuentra conducida por un gobierno que ejecuta un brutal ajuste para cumplir con las demandas del Fondo Monetario Internacional. El pedido de este organismo internacional de crédito es la reducción del gasto público. Allí se explica que miles de argentinos y ARGENTINAS se encuentren sin trabajo; que se haya reducido o quitado presupuesto que era destinado para instituciones que actúan en la protección de mujeres víctimas de violencia de género; que la salud pública este sufriendo una suerte de privatización encubierta (CUS (3)), etc.

Es imposible lograr la verdadera protección integral de las mujeres cuando en nuestro país sólo se destinan $11 por cada una de ellas para la defensa de sus derechos. “En 2018, el área destinada a erradicar la violencia machista tuvo un presupuesto de $50 millones y en 2019 sólo contará con $32 millones.” La falta de áreas comprometidas en combatir la violencia de género y el poco presupuesto del que estas disponen reflejan consecuencias atroces: 31 femicidios acontecieron en nuestro país en lo que va del 2019. Las dificultades que tienen las mujeres para lograr su independencia económica aumentan sideralmente en la actual situación de crisis.

Es inevitable preguntarse entonces, ¿es este gobierno el que va a garantizar la plena aplicación de la ley? Esta legislación se presentó el año pasado en el Congreso sin dictamen presupuestario y sin ninguna referencia a su financiamiento, motivo por el cual los fondos afectados a tal fin para el sector público tendrían que provenir de los recursos fiscales de las provincias, de la Caba e, inclusive, de los municipios (5).

Sólo para citar un ejemplo, la provincia de Mendoza triplicó su deuda pública en dos años (un 45% es deuda tomada en dólares). Los impuestos más importantes en cuanto a su recaudación (Ingresos Brutos  e impuesto Automotor e Inmobiliario) no alcanzan, siquiera a pagar los intereses de la deuda (6).

Constituye una ingenuidad creer que se cumplirá con la disposición legal sólo porque su letra así lo exige. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace inviable la aplicación de la ley.

Bajo ningún aspecto, esta situación debe retrasar el tratamiento y la sanción de la legislación. Pero sí debemos comprender que la garantía de la aplicación de esta ley no depende en su totalidad de su aprobación en el Congreso. Exigiremos su aprobación, pero no queremos que la ley muera a los pocos días.

En consecuencia, el problema es político. Y depende de la voluntad política del gobierno que conduce el Estado, de la concepción que éste tenga de la educación pública que formará los profesionales que intervendrán en la ejecución de la ley; de la concepción que tenga de la salud pública, de la concepción que tenga de las mujeres (como parte fundamental de una sociedad o como variable de ajuste); etc.

Debemos comprometernos con la lucha por la justicia social. Ésta no se puede lograr sin la emancipación de la mujer y la protección integral de la misma.

Dicho compromiso debe empezar por situarse en nuestra realidad. Pues no puede haber mujeres libres en un pueblo oprimido y mucho menos pueden tomarse decisiones libres en un mundo, o al menos un país, sin justicia social.

Referencias.