Una mano lava la otra y entre las dos nos lavaron la cara: las exigencias del sector financiero a las que cambiemos accedió.

La intención de esta nota es de poner en consideración los reclamos del sector financiero al gobierno de CFK, por qué los tenían y cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri para atender a las exigencias de dicho sector.

 

En primer lugar, debemos recordar que los entes que componen el sector financiero son bancos, compañías financieras y grupos de accionistas. Este sector exigió en su momento al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner una serie de medidas que serían beneficiosas para el funcionamiento óptimo del mismo.

 El primero de los reclamos era  el pago de la deuda en su totalidad a los fondos buitre. Gracias a la reestructuración de la deuda externa efectuada en 2005 por el ex presidente Néstor Kirchner y la posterior reestructuración en 2010 en el gobierno de CFK, se logró la quita más importante de la deuda externa en la historia argentina, con la adhesión del 76% de bonistas que accedieron a la reestructuración en el 2005 y un 93% en el 2010. Siete años más tarde, el juez Thomas Griesa ordena el pago del 100% de la deuda a los bonistas que no entraron en la reestructuración del 2005, medida a la cual el gobierno argentino decide apelar en la corte de Estados Unidos. Luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidiera arbitrariamente rechazar la apelación, la Argentina deposita 1000 millones de dólares que serán destinados al pago de los bonistas. El juez Griesa insiste con el pago del 100% de la deuda, el cual no se podía llevar a cabo porque conllevaría al incumplimiento de la cláusula RUFO (que impedía ofrecer mejores condiciones que las que aceptaron los bonistas en los canjes de 2005 y 2010). De este modo, Argentina entra en un “default técnico”, el cual repercutió fuertemente en el sector financiero haciendo que se dificulte el acceso al mercado internacional de capitales y se produzca el cierre del mercado de préstamos del comercio exterior.

 De esta manera, atendiendo a las demandas del sector financiero (uno de los más importantes sectores que impulsaron la campaña de Cambiemos), en 2016 Mauricio Macri decide pagar el total de la deuda al 7% restante de los bonistas que no entraron en la reestructuración del 20052010. Fue así, que con el pago de 9300 millones de dólares que Argentina salió de la “zona de default”. Así, Mauricio Macri le quitó las trabas al sector financiero y gracias a la credibilidad que obtuvo al salir del default, pudo contraer la deuda que ha sido sostén de su modelo económico desde que asumió.

 Asimismo, la medida tomada por Néstor Kirchner en el 2005, fue acompañada de una nueva categorización para la Argentina de “Mercado emergente” a “Mercado fronterizo” (cabe aclarar que la diferencia entre estas categorías radica en que las divisas puedan o no transferirse libremente al exterior, en nada influye el crecimiento del país en sí). La reestructuración de la deuda junto al control del mercado cambiario, el famoso “cepo al dólar” (que regulaba a través de la AFIP la compra de moneda extranjera), introdujeron al país en la categoría de “Mercado fronterizo”, ya que la Argentina no permitía la libre entrada y salida de divisas. Por consecuente, al impedir la libre circulación de divisas, se dificultó el proceso de la infame bicicleta financiera.

Teniendo en consideración la dificultosa libertad de entrada y salida de capitales y a tan sólo una semana de haber asumido como presidente, Mauricio Macri levanta el cepo cambiario en 2015 gracias al aporte de diversas entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras y posibilita a diversos entes financieros, a comprar dólares sin limitaciones ni regulación por parte del Estado. Así, con el levantamiento del cepo y la recategorización de Argentina a “Mercado emergente” (que no será efectiva sino hasta el 2019) el gobierno de Cambiemos pudo cumplir con la segunda y tercera exigencia del sector financiero: eliminar las restricciones para la libre entrada y salida de capitales, al igual que sacar a la Argentina de la condición de mercado de capitales fronterizo y conseguir la libertad para la compra ilimitada de dólares.

El cuarto requerimiento del sector financiero al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue el de eliminar la afectación de un porcentaje de los depósitos al financiamiento productivo. En 2012, se implementó la Línea de Financiamiento para la Producción y la Inclusión Financiera (LFPIF) que obligaba al Banco de la República Argentina a destinar un 18% de sus depósitos a créditos productivos para las Pymes a una tasa del 17% anual. Esta medida favorecía al pequeño o mediano empresario, ya que podía acceder a un crédito accesible para desarrollar su industria. La medida no era del agrado de los especuladores, que prefieren que ese 18% sea destinado a pagar intereses de deuda o a generar más renta a través de la especulación financiera sin la necesidad de producir nada. De esta forma, para socorrer a las demandas de los banqueros, accionistas  y entidades financieras, el gobierno de Cambiemos anunció la eliminación gradual de la LFPIF de la mano de Federico Sturzenegger (ex presidente del BCRA) en 2017. La línea de financiamiento se encuentra ya a la mitad (9%) con respecto al monto inicial de los depósitos del banco central (18%).

Por lo que hemos visto, la intención del gobierno de Cambiemos es más que clara: facilitar los mecanismos de transferencia de divisas al exterior a costilla del pueblo argentino y dar un paso atrás en la distribución equitativa de la riqueza haciendo que la mayor parte de la torta se la quede el sector que se encargó de financiar al actual presidente de los argentinos en su campaña, el sector financiero.

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